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Nota de prensa:
Propietarios por encima de la ley
Hoy, miércoles 27 de junio, se ha celebrado la vista oral por un presunto delito de «realización arbitraria del propio derecho» contra dos responsables de la mercantil Altamira Santander Real Estate, S.A., cuyo accionista y único propietario es el Banco Santander. Los responsables de la inmobiliaria cambiaron la cerradura de acceso a una vivienda en el municipio de Derio en enero de 2017, en la cual vivía una familia formada por una pareja y una niña que por aquel entonces tenía tan sólo 13 meses de edad. Y no es un caso aislado.
En los últimos años estamos asistiendo a un alarmante aumento de casos de desalojo o intento de desalojo ilegal por parte de propietarios de inmuebles okupados; es muy probable que ello se deba a que a raíz de la reforma del Código penal del año 2015, el delito de usurpación de inmueble haya pasado a ser un delito leve con lo que, en la práctica, desaparece la hipotética posibilidad ―que ya de por sí muchos Juzgados no compartían― de ordenar el desalojo cautelar del inmueble antes de que se celebre el juicio. Precisamente eso es lo que llevó a varios grupos parlamentarios defensores incondicionales de la propiedad privada a aprobar la modificación del Código civil publicada en el BOE el pasado 12 de junio. La modificación introduce en el procedimiento civil de desahucio la figura del desalojo exprés, con irrisorios plazos de tan sólo unos días desde que se interpone la demanda, algo que ya hicieron hace unos años para agilizar al máximo el desalojo de las personas y familias que se retrasan en el pago de sus alquileres, aplicable también en el caso de edificios okupados.
Pese a esta última modificación hay un determinado tipo de propietarios para quienes, al parecer, los procedimientos y las resoluciones judiciales están para que las cumplan los demás, no ellos, y por tanto, deciden por su cuenta y riesgo cómo y cuándo se debe efectuar el desalojo del inmueble. Entre quienes así actúan casi nunca encontramos a personas trabajadoras que viven de su salario y a la que, en consecuencia, se le puede suponer una mayor necesidad de recuperar la posesión del inmueble, sino a bancos, inmobiliarias o familias pudientes que aun siendo plenamente conscientes de que actuando así cometen un delito, lo hacen llenos de soberbia y convencidos de que nadie va a poner en cuestión su modo de proceder, por mucho que este suponga no sólo una clara vulneración de derechos individuales, sino también una evidente muestra de menosprecio y desdén al propio ordenamiento jurídico que tanto gustan de esgrimir cuando se trata de justificar desahucios, embargos y peticiones de sanciones y condenas contra las clases económicamente más castigadas.
Desde Bilboko Okupazio Bulegoa, pese a ser plenamente conscientes de que dicho ordenamiento jurídico forma parte de un sistema político e ideológico en el que se prioriza el derecho a la propiedad y al enriquecimiento individual frente a derechos, necesidades y responsabilidades sociales como el de la vivienda, siempre hemos sido absolutamente tajantes a la hora de denunciar en vía judicial todos los casos de desalojo o intento de desalojo ilegal que hemos conocido. Muestra de ello son los tres casos que actualmente están en los Juzgados.
El primero de ellos es el que mencionábamos al principio, que implica a la inmobiliaria del Banco Santander. Se da la circunstancia de que la familia en cuestión ya había sufrido otros intentos de desalojo ilegal con anterioridad, lo cual generó la respuesta solidaria de la «PAH-Kaleratzerik ez» de Bizkaia y cierta repercusión mediática, y que fueron condenados en segunda instancia por la Audiencia Provincial de Bizkaia con la imposición de una multa y la orden de abandonar el inmueble, aunque el propio Juzgado aplazó la ejecución del desalojo hasta que las instituciones ofrecieran a la familia ―que había perdido su anterior vivienda en un proceso de expropiación de terrenos impulsado por el Gobierno Vasco― una alternativa habitacional. Meses después se les ofreció un contrato de alquiler social en Leioa y cuando la familia realizó la primera parte del traslado de muebles y enseres de una a otra vivienda los responsables de la inmobiliaria Altamira ordenaron el cambio de cerradura, pese a que entre los abogados de ambas partes se había acordado un plazo máximo de una semana para efectuar la mudanza y la entrega de llaves en el propio Juzgado.
Además de este caso, también avanza a buen ritmo la instrucción de un procedimiento por el cambio ilegal de varias cerraduras el pasado 17 de abril en un edificio okupado en el municipio de Gernika. Un grupo de personas encabezado por tres de los propietarios ―miembros de una familia propietaria de un buen número de inmuebles en la comarca de Urdaibai― acompañados de su Letrado, un cerrajero, personal de una empresa de alarmas y escoltados durante todo el día por varias patrullas de la Ertzaintza ―pese a tratarse de una actuación unilateral y totalmente al margen del procedimiento judicial iniciado semanas atrás y que se encuentra todavía en fase de investigación―, forzaron la cerradura de acceso al inmueble y procedieron al cambio de las cerraduras de seis de las viviendas, de las cuales tres estuvieron siendo habitadas hasta esa misma mañana. El procedimiento contra dicha actuación unilateral se sigue por los presuntos delitos de allanamiento de morada, coacciones, realización arbitraria del propio derecho y detención ilegal, y además hay una investigación en el Parlamento Autonómico para tratar de aclarar el papel de la Ertzaintza, que dió comienzo el pasado lunes 25 de junio con la comparecencia del abogado de los ocupantes en la comisión de Instituciones, Seguridad y Gobernanza Pública.
Por último, está ya muy avanzada la investigación para tratar de averiguar quién fue la persona responsable dentro de la empresa Iberdrola, S.A. que ordenó tapiar una vivienda de su propiedad en el municipio de Basauri en la que desde hace años vivía y estaba empadronada una persona. La circunstancia más llamativa en este caso es que Iberdrola denunció a esta persona por un presunto delito de usurpación de inmueble; llegada la fecha fijada para el juicio, el abogado de Iberdrola pidió el aplazamiento, por lo que se fijó una nueva fecha, llegada la cual el abogado de Iberdrola no acudió al juicio, por lo que el juez se vió obligado a absolver a esa persona. Y tan sólo unas semanas más tardes se produce el tapiado ilegal de la vivienda, lo cual representa un claro ejemplo del delito de realización arbitraria del propio derecho.
Son sólo tres ejemplos de lo expuesto previamente que evidencian la alarmante sensación de impunidad que sienten éstos propietarios, queriendo hacer ver que con su propiedad pueden hacer lo que les venga en gana. Por encima no ya de toda responsabilidad social o empatía humana, sino de todo ordenamiento jurídico.
