martes, 22 de noviembre de 2011

Tercer desalojo policial ilegal en menos de un mes

Esta vez ha sido la Ertzaintza quien en el día de ayer, siguiendo el rumbo marcado los pasados días 24 de octubre y 2 de noviembre por las policías municipales de Erandio y Donosti, respectivamente, procedió a desalojar ilegalmente un inmueble, forzando la entrada al mismo pese a no disponer de una orden judicial que les autorizase para ello. Lo especialmente preocupante es que hasta estos tres casos no habíamos conocido otros similiares en los últimos años, y por tanto podrían marcar un nuevo giro y una vuelta de tuerca en la creciente represión contra el movimiento pro-okupación y en particular contra los gaztetxes, en la cual ni siquiera se respeten las ya de por sí escasas garantías procesales que ofrecen la legislación vigente.

A este respecto, simplemente recordar que en cualquier Estado que se pretenda de Derecho, la calificación jurídica de los posibles delitos —incluida la okupación de un inmueble abandonado— corresponde no a la policía ni al consejero de Interior, sino a los jueces, quienes deberán decidir en función de determinadas circunstancias —entre ellas, el estado de abandono del inmueble— si dicha okupación puede calificarse como delictiva y requiere de un inmediato desalojo cautelar, o por el contrario los propietarios deben acudir a la vía civil —la del desahucio— para recuperar su propiedad, pues según la legislación y jurisprudencia actual no toda okupación de una vivienda sin permiso de los propietarios es delito.

Así, hay casos en los que el juez ordena el desalojo cautelar apenas unos días después de interpuesta la denuncia, hasta otros como el del gaztetxe de Santutxu Lakomi, desalojado voluntariamente por sus ocupantes —tras constatar que sus propietarios tenían intención real y efectiva de utilizarlo, y no simplemente de volver a dejarlo vacío durante décadas— el pasado día 2 de noviembre, 2 años y medio después de la denuncia y tras dos archivos provisionales por parte del juzgado de instrucción, que entendió que mientras no existiera un proyecto de utilización para el inmueble podría hablarse de okupación indebida, pero no de delito. O la reciente negativa del juzgado de instrucción nº 6 de Barcelona a ordenar el desalojo del edificio okupado por el movimiento 15-M en el barrio barcelonés de Nou Barris para realojar a familias víctimas de desahucios.

Por último, los diversos cuerpos policiales son plenamente conscientes de lo ilegal de estos desalojos sin orden judicial, y por ello han tratado de justificarlas con las más absurdas y peregrinas de las excusas.

Así, en el caso de Donosti la policía municipal —que al parecer actuó por iniciativa propia y sin conocimiento de los responsables del consistorio— afirmó que fueron los ocupantes quienes abrieron voluntariamente la puerta, pese a que los propios periodistas fueron testigos de cómo los 20 agentes echaron la puerta abajo por la fuerza.

En el edificio de la calle Larraskitu 27 de Rekalde, la ertzaintza afirma haber actuado amparada por la Ley de Seguridad Ciudadana debido a la existencia de un delito flagrante, cuando en realidad este tipo de actuaciones únicamente se permiten en cierto tipo de casos —sobre todo delitos de narcotráfico— y para evitar la posible destrucción o desaparición de las pruebas u objetos del delito, cosa imposible en un caso de usurpación de inmueble pues el “objeto” del delito no corre riesgo de desaparecer por esperar unas horas o días hasta la decisión judicial.

Y por último, en el caso de Erandio ni el ayuntamiento ni la policía municipal han ofrecido ningún tipo de explicación, y de hecho tampoco han vuelto a presentarse allí pese a que el gaztetxe fuera re-okupado por la gazte asanblada un día después del ilegal desalojo, y sigue abierto y en trámites de alcanzar un acuerdo con el propietario a pesar de su inicial denuncia contra esta okupación.

miércoles, 2 de noviembre de 2011

Desalojo ilegal en el Gaztetxe de Erandio

El pasado martes, unxs 40 jóvenes entraron en la ex-empresa Faro de la calle Jose Luis Goyoaga con intención de recuperar el gaztetxe. El lunes lo presentaron al pueblo, pero a la mañana siguiente una docena de policías municipales tiraron a patadas la puerta del gaztetxe sin orden judicial, secuestraron el material del interior, cerraron el local e identificaron a tres personas.

Este desalojo se produjo sin que la policía municipal presentara ninguna orden judicial y, por lo tanto, la Oficina de Okupación de Bilbao interpuso una denuncia ya que existe un delito propio (534 CP) contra lxs policías que entran sin permiso en una casa. La Oficina de Okupación no ensalza la vía judicial, pero a medida que recibimos denuncias pensamos que también es lícito denunciar las violaciones de derechos que sufrimos.

De todas maneras, antes de llegar a este punto, el abogado de la Oficina de Okupación trató de llegar a una solución justa pero el jefe de la policía municipal no quiso admitir error alguno en su actuación y finalmente, se tomó la decisión conjunta junto a la Gazte Asanblada de Erandio de acudir a los tribunales.

El objetivo principal de esta denuncia es trasladar a la policía que ellxs también deben respetar la ley que nos quieren imponer y que al mismo tiempo pueden sufrir las consecuencias de sus actos. Por el delito 543 CP pueden sufrir una inhabilitación especial para empleo o cargo público de dos a seis años.

Queremos denunciar y dar a conocer la gravedad de los hechos del desalojo ilegal perpetrado por funcionarios públicos en el Gaztetxe de Erandio y recalcar que desde la creación de la Oficina de Okupación éste es el primer caso de estas características que ocurre en Bizkaia.

viernes, 7 de octubre de 2011

La okupación no es delito

Hoy 7 de octubre se cumplen tres años desde que comenzó el proyecto de la Oficina de Okupación. Desde un principio tuvimos por objetivo principal socializar la legitimidad de la okupación de vivienda vacía bajo el lema de que la okupación no es delito. Ese mensaje sigue hoy más vigente que nunca. Y esto es así porque:

1) El delito de usurpación bajo el que se pena la okupación no es siempre aplicable, porque exige demostrar violencia, intención de permanencia y quién ha entrado en la vivienda.

2) Un delito se corresponde con el daño causado por la vulneración de un derecho y la usurpación castiga la vulneración del derecho a la propiedad. Pero cuando una vivienda ha sido dejada durante años el dueño está omitiendo su derecho. Por tanto, no hay ya derecho perjudicado y no hay delito.

3) En este mal endémico que vive el sistema capitalista (desahucios, casa vacías en manos de bancos, paro, precariedad...), cabe recordar que el derecho a la propiedad privada no es un derecho ilimitado y que hay que impulsar su uso social. No se puede tolerar la vieja y retrógrada idea utilizada por los poderes fácticos de que, en tanto que la propiedad es algo que se compra cada una con el sudor de su frente, adquiere un status de intocabilidad y, por tanto, se nos muestra como pobrecitos a los propietarios de casas vacías expropiadas por gente que lo necesita. Pueden ser muchas las razones para que una vivienda o inmueble estén vacías, pero también pueden ser muchas las soluciones que se le pueden dar. En este sentido la okupación impulsa una actitud activa y desobediente de la ciudadanía frente a la pasividad de las instituciones.

Sabemos que el derecho es completamente interpretativo y, en tanto que el trabajo de la Oficina de Okupación es dar asesoría y ayuda legal, nos atenemos a nuestra interpretación.

En relación a esto, también queremos denunciar y socializar lo siguiente: más allá de interpretaciones, la utilización que se ha hecho de leyes y procesos jurídicos y administrativos en el proceso de desalojo y derribo de Kukutza III gaztetxea ha sido de lo más interesada, en favor de la propiedad privada. Por mencionar los hechos más vergonzosos apuntaríamos que el auto de desalojo se encontraba firmado antes de tomar declaraciones o que el permiso de derribo se otorgó sin haber realizado ningún estudio sobre el daño que se podía causar a las viviendas colindantes (las cuales ya muestran grietas) y sin presentar el proyecto de edificación de las casas que allí se construirán.

El proyecto de Kukutza no ha sido meramente cultural. La vivienda que albergaba en su último piso les ha dado la posibilidad a jóvenes que han querido construir un proyecto de vida propio fuera de la dinámica capitalista del trabajo-consumo. Proyecto de vivienda que surgió con el comienzo de Kukutza III, hace ahora trece años.

Por tanto queremos hacer llegar toda nuestra solidaridad y apoyo a quienes han participado en la defensa del proyecto de Kukutza III desde abril hasta ahora, especialmente a quienes entre los días 21 y 25 fueron detenidas, identificadas y heridas.

Lo volvemos a repetir: ¡LA OKUPACIÓN NO ES DELITO!